El desarrollo compartido: 1970-1982

Antecedentes del Desarrollo Compartido

Al triunfo de la Revolución Mexicana se imponía, una vez más, una política de desarrollo nacional; era imprescindible encontrar un motor productivo capaz de generar el ahorro suficiente para impulsar el crecimiento de las demás áreas económicas. Los gobiernos posrevolucionarios vieron en el sector agrícola el eje del progreso económico. La decisión fue influida por las circunstancias internacionales: las grandes economías del mundo requerían importantes cantidades de insumos de origen agrícola. Creció así el apoyo estatal en materia de infraestructura agropecuaria y comercialización, además de un programa de dotación de tierra o "reforma agraria”, cuya época de oro comienza en el gobierno de Lázaro Cárdenas y continúa después de Adolfo Ruiz Cortines.[1] Millones de hectáreas fueron repartidas entre campesinos sin tierra. No obstante, la orientación de la agricultura fue señaladamente en favor del mercado externo y de los grupos económicamente fuertes. A pesar del poderoso proceso de “redistribución de la tierra”, los campesinos beneficiados padecían desventaja frente a la agricultura comercial: no tenían recursos financieros ni acceso a los avances técnicos, la tierra recibida no era siempre de buena calidad y se enfrentaban a una estructura comercial controlada por los productores y manipuladores del acopio y de los mercados urbanos. El resultado fue que gran parte de los campesinos vendieron sus tierras o las rentaron a los grandes propietarios, produciéndose así una amplia movilización laboral del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria. Todo impulsado, a su vez, por el ahorro interno promovido por la agricultura comercial.[2] La reforma agraria es antecedente del proceso de industrialización de los años venideros. Esta nueva fase es conocida como “Desarrollo Estabilizador” y representa la aplicación del modelo liberal “en el que la política económica gira alrededor de estímulos a la iniciativa privada y a una participación conservadora del sector público en la economía.”[3] En este periodo el sector más dinámico fue la industrial. El proceso de “sustitución de importaciones”, es decir, el remplazo de las importaciones por el consumo de artículos nacionales, fue transformándose de los bienes de consumo final hacia los bienes intermedios y de capital. Ahora la orientación económica era “hacia adentro”, esto es, una política proteccionista, con cuotas de importación como forma de estímulo a la sustitución de mercancías, aranceles elevados, exenciones fiscales para el fomento de nuevas industrias y tasa de interés preferencial para la promoción industrial. Así se logró hacer del mercado interno el principal motor del crecimiento económico, no sin el concurso de la inversión extranjera, que a partir de la II Guerra se incrementó poderosamente en América Latina.[4]

Al paso del tiempo, el Desarrollo Estabilizador restó competitividad internacional a la economía y favoreció la aceleración de la concentración de la riqueza. Los inversionistas contaban con un mercado “cautivo”, sin controles de calidad productiva y con la posibilidad de vender a un precio más elevado que en el exterior.[5] Otro efecto pernicioso se dio en la segunda mitad del siglo, cuando la producción agropecuaria decayó en forma dramática: la reorientación de la inversión pública destinada ahora al sector industrial, junto con una disminución en la inversión privada, fueron factores esenciales para producir una crisis de proporciones alarmantes.

Los desniveles en las ramas de la producción, aunados a la insuficiencia para crear empleos —como efecto de la falta de competitividad internacional y de la creciente importación de tecnología— creaban un dilema para el gobierno: si se incrementaba la tasa de crecimiento económico para dotar de empleos a la población se ponía en aprietos la balanza de pagos, se disparaba la inflación y no se podía mantener estable el tipo de cambio; si se mantenía la balanza había “finanzas sanas” pero se sacrificaba el desarrollo de las capas medias y bajas de la sociedad. La política del Desarrollo Estabilizador se decidió por la inmovilidad de precios y el equilibrio de balanza de pagos, representada por un tipo de cambio fijo. El efecto fue un deterioro en la distribución del ingreso con sus concomitantes costos sociales.[6]

El desarrollo compartido: el populismo y sus alcances

Una simple mirada a la historia de América Latina permite advertir que el populismo fue una política común para varios países del subcontinente en las décadas de los setenta y ochenta. El populismo es “el uso dispendioso de los gastos públicos, el uso intensivo de los controles de precios, la sobrevaluación sistemática del tipo de cambio y las señales inciertas de la política económica, que tiene efectos deprimentes en la inversión privada”.[7] Ahora bien, en todos los regímenes hay una mezcla de políticas de mercado y políticas populistas. Entonces conviene hacer distinción: el populismo no es cualquier política “social” sino aquella orientada fundamentalmente hacia la demanda popular.[8]

El desarrollo estabilizador había producido un crecimiento sostenido gracias a sus finanzas públicas sanas, bajo techo de endeudamiento público y estricto control de la inflación. Pero le acechaban problemas tras la cortina del orden: el primero era el estancamiento agrícola, el segundo una industrialización dependiente del capital extranjero y volcada hacia el mercado interior y sus monopolistas. El tercero, el creciente conflicto social producto de la escasa atención hacia al desempleo y a la cada vez mayor pobreza.

Es sabido que con Luis Echeverría el cambio se orienta hacia el populismo pero ¿cuáles fueron las causas de tan abrupto giro? En primer lugar, la crisis económica cuya patente arranca en 1970. Por otro lado, había ya una clara erosión en cuanto a la legitimidad gubernamental, justo en el delicado momento de expansión de ideologías “izquierdistas” en América Latina, que el gobierno consideró peligrosas. Eso inclinó a buen número de miembros de la opinión pública informada en favor del uso intenso del intervencionismo económico gubernamental, con el propósito de reducir la pobreza, disminuir la importancia de capital foráneo y granjear una mayor cuota de aceptación social. El populismo es, adviértase, una tentación para los gobiernos presionados y con anhelos seculares de prosperidad económica.

Por otro lado, el esquema del Desarrollo Estabilizador estaba llegando a su límite en 1970. El PIB creció solamente 3.5%. La inflación aumentó 6.0%, más del doble de 1969. El déficit público creció a 3.8%, muy superior al del año anterior, que fue del 2.2%. El año de 1971 trajo consigo desequilibrios del sexenio de Díaz Ordaz, sobre todo en lo relativo al aumento del déficit público y de la inflación, que en parte se explican por los gastos para la conclusión de obra pendiente del gobierno saliente y para la sucesión presidencial. A mediados de 1971 la recesión era evidente. Eso aumentó temores y descontento social, ambos a flor de piel por el trágico desenlace del movimiento estudiantil de 1968.

En 1971 el gobierno comenzó el plan de crecimiento basado en el gasto público. Y en la preparación del nuevo presupuesto se veía como prioridad una reforma fiscal, indispensable para equilibrar el gasto y transferir recursos del sector privado al sector público, logrando así la tan anunciada “redistribución del ingreso nacional”. Sin embargo, fuertes presiones del sector privado, más el temor gubernamental de un enfrentamiento igual al de la fallida Reforma de 1964, hicieron abortar el proyecto. La cacareada reforma fiscal se redujo a un ramplón incrementó en el impuesto sobre ingresos mercantiles, favoreciendo la concentración económica protegida por el cierre de fronteras. Por eso 1972 y 1973 fueron años de expansión económica a costa de alta inflación y endeudamiento público.[9] Asimismo, en 1973 se presentó el embargo petrolero árabe y el consecuente aumento del precio de los energéticos, agudizando el crecimiento de la inflación internacional que en parte impactó a México. En su momento, las autoridades culparon a las condiciones externas de la creciente inflación, aunque hoy se considera ésta como fruto de la política interior.[10] 1974 fue un año de intento por frenar la expansión y aminorar las presiones inflacionarias y de balanza de pagos. Se redujo la tasa a 6.1% y el déficit público apenas creció en 0.3%. Pero el déficit de la balanza ya estaba muy deteriorado: ascendía a $3,226 millones de dólares, que equivalía al déficit de los tres años anteriores combinados. Para colmo de males, el gobierno cedió a la tentación de expedir papel moneda para obtener liquidez y hacerle frente a los compromisos con el exterior. Lógicamente, en 1975 la situación empeoró, el PIB disminuyó su tasa de crecimiento a 5.6% y el déficit en cuenta corriente ascendió a $4,443 millones de dólares. La deuda externa se duplicó entre 1971 y 1975.

Todos estos factores permiten comprender por qué el proceso hizo crisis en septiembre de 1976, cuando una severa devaluación pulverizó el valor de nuestra moneda, la cual cayó por debajo del 59% de su valor anterior, ante la mirada absorta de millones de mexicanos que no conocían devaluaciones desde 1954. Sin alternativas, sin reservas internacionales, con una inflación galopante y una deuda externa de $29,500 millones de dólares, la administración de Echeverría hubo de firmar un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.[11]

Conflictos del gobierno con el sector empresarial en el sexenio de Luis Echeverría

Desde 1940 y hasta 1970 los gobiernos mexicanos implementaron políticas favorables a la acumulación y centralización de capitales en las diversas ramas de la economía mexicana. Tres décadas de desarrollo sostenido se tradujeron en una concentración del capital, la riqueza y los ingresos de los sectores más fuertes de México. Primero la comercialización agropecuaria y después la política proteccionista de la industria hicieron que para 1970 los monopolios integrados alrededor de los bancos estuvieran en situación de disputarle el control del país al gobierno. Frente a esta situación idílica para los empresarios apareció el fantasma del “populismo”. La inconformidad de amplios sectores del empresariado bajo el régimen de Luis Echeverría se explica por su rechazo a las políticas sociales, que además de restarles influencia en la economía, los hacía pasar como los grandes responsables de la desigualdad y la pobreza nacional. En su primer discurso como presidente, Echeverría habló de la pobreza lacerante y de su contraparte: la gran concentración de la riqueza, lanzando una dura crítica al poderío empresarial y sentenció: La “distribución del ingreso” sería prioridad del gobierno, habrá un Desarrollo Compartido”.[12]

La política del desarrollo compartido, planteada por el presidente como alternativa al desarrollo estabilizador, hizo aparecer la intervención estatal no como política complementaria de inversión privada —como había sido el caso en décadas previas— sino como opuesta.[13]

La relativa armonía entre el gobierno y los empresarios se vio rota cuando, a finales de 1971, se anunció una nueva política fiscal basada en la Ley de Ingresos, que regiría para 1972, ampliando la captación de recursos públicos, al tiempo que una Ley de Egresos que ampliaba el gasto público en materia social. El argumento fue amenazador para los intereses empresariales: “el desenvolvimiento no había evitado —dijo el presidente— el fuerte desequilibrio en la distribución del ingreso”.[14] Las presiones del sector empresarial y de varios grupos aliados no se hicieron esperar; fueron frecuentes los ataques contra la llamada “amenaza comunista”. El sector más beligerante fue el grupo Monterrey. Su situación fronteriza le permitió cierta independencia con respecto a los controles del centro; gracias a lo cual se convirtió en baluarte del movimiento empresarial en el todo el periodo. Sólo faltaba algún suceso capaz de activar la lucha. Éste llegó a fines de 1973, cuando un grupo guerrillero asesinó a Eugenio Garza Sada, hombre prominente del grupo Monterrey. Este suceso se asoció con el golpe militar de Pinochet a Salvador Allende y con el refugio en México de miles de exiliados chilenos. Los empresarios regiomontanos montaron un sepelio masivo y convirtieron el acto en un mitin político antigubernamental. El 18 de septiembre un vocero del grupo Monterrey declaró que el gobierno era responsable del atentado por dar cauce a las “más negativas ideologías” y por el “ataque” desde el gobierno al “sector privado”.[15] El gobierno reaccionó con una movilización local del PRI llamada “Alianza Popular”. En ella había ejidatarios, obreros, burócratas y miembros del ejército. Ellos cerraron filas en cuanto a la política internacional y fustigaron la oposición de los empresarios. La lucha hubo de terminar con negociaciones, en este caso a favor del empresariado: dos meses después del discurso en el sepelio de Garza Sada, el gobierno se comprometió a desarrollar un programa de inversión federal en el Estado de Nuevo León.

Otro conflicto surgió a raíz de la promulgación de los libros de texto gratuito en 1975. Los grupos más conservadores argüían que las obras eran promociones a la desintegración familiar e inducían al comunismo y al ateísmo.[16] En 1974, la Confederación Patronal de la República Mexicana organizó un foro cuya conclusión fue que la intervención del Estado en la economía era sana, siempre y cuando lo hiciera exclusivamente en los asuntos de infraestructura, contratismo y promoción de los negocios privados.[17] Uno de los más importantes resultados de la politización y lucha empresarial contra el gobierno fue la fundación, en 1975, del Consejo Coordinador Empresarial, primera organización patronal surgida sin la tutela del Estado. Agrupó a dirigentes de los industriales, comerciantes, banqueros, asociaciones de fianzas y seguros, empresarios agrícolas y a la COPARMEX.

La reforma educativa en el régimen de Luis Echeverría

El régimen echeverrista se inicia en un momento en que se agudizan y precisan las tensiones sociales, originadas en un sistema político desgastado y desacreditado por las crisis y los enfrentamientos del gobierno con gremios de obreros, profesionistas, burócratas y sectores estudiantiles. El régimen de Luis Echeverría montó entonces la política llamada de “apertura democrática” y rompió con el régimen anterior; era la otra cara de la moneda del Desarrollo Compartido. A este modelo le correspondía una supuesta liberación de la crítica en los medios de expresión, respeto a la disidencia y a la autonomía universitaria, disposición al diálogo y autocrítica gubernamental. Todo ello sólo sería posible, se dijo, a través de la “Reforma Educativa”.[18] El programa renovador comenzó desde los primero días del gobierno. La filosofía educativa se fundaría en el diálogo, la participación y el consenso. Debía ser una educación integral, que abarcara todos los niveles y formas de educación. Se centraría en el maestro, considerado como el promotor primordial de la educación, pero enfatizando el papel “activo” del alumno en el aprendizaje: “aprender a aprender“.[19] El 27 de septiembre de 1973 se expidió la Ley Federal de Educación, en reemplazo de la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941. El nuevo corpus definió la educación como medio para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, como proceso permanente de desarrollo individual y social, y como factor determinante de solidaridad. Desde el punto de vista de la relación enseñanza-aprendizaje, la ley no se inclinó por una corriente en particular aunque sí indica que debe asegurarse la participación diligente del educando en el proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad social y su espíritu creador.

La reforma principal fue en la primaria. Dominaron cuatro principios: el carácter permanente de la educación, la actitud científica, la conciencia histórica y la relatividad del saber que debe estar en constante revisión.[20] Los libros de texto se reformaron mostrando mayor flexibilidad de la función académica: “más que transmitir conocimientos, se procura desarrollar actitudes de experimentación, reflexión y crítica, enseñar aprender y evaluar, dar conciencia histórica e inducir al autoaprendizaje”. [21] La enseñanza media básica quedó reformada con base en la Asamblea Nacional Plenaria Sobre Educación Media Básica (Chetumal, 15 a 17 de agosto de 1974). En ella se aceptó un programa por área y otro por asignaturas. Su objetivo primordial fue: estimular el conocimiento de la realidad del país para la participación activa de los educandos, en la formación humanística, científica, técnica, artística y moral, desarrollando la capacidad de aprender a aprender y propiciar una educación sexual orientada a la paternidad responsable y a la planeación familiar. También se mencionaba “ofrecer los fundamentos de una formación general de preingreso al trabajo y para el acceso al nivel inmediato superior”. La enseñanza media superior no fue obra de la SEP sino de la XIII Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES).[22] Recomendó la organización de un ciclo anual formativo de tres años con carácter bivalente tanto de preparación para estudios superiores como de educación terminal. Dos años después (octubre de 1973) recomendará la organización por semestres. También las escuelas del IPN fueron transformadas en Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECIT) en septiembre de 1971. El 19 de septiembre de 1973 se establece el Colegio de Bachilleres, cuyo objetivo desarrollar tres áreas: actividad escolar, capacitación para el trabajo y actividades paraescolares. El 17 de diciembre de 1973 se creó la Universidad Autónoma Metropolitana que inicio sus labores al año siguiente en las Unidades de lztapalapa, Atzcapozalco y Xochimilco. Su organización por Unidades, Divisiones y Departamentos pretendía propiciar la calidad académica, la flexibilidad y la interdisciplinariedad requeridas para una óptima formación profesional. Bajo esta lógica de aparente apertura, se manejó la política de que la reforma universitaria sería autónoma. Pero eso no impidió que hubiera un engarce promovido por el gobierno, a través de la ANUIES. La filosofía dominante fue la de una educación integral donde converjan lo individual y lo social, la educación como cambio social, la triple función de la enseñanza universitaria: docencia, investigación y difusión de la cultura, en un marco de autonomía y respeto a la pluralidad.

Lucha política, insurgencia y represión durante el régimen echeverrista

Según parece, la llamada “apertura democrática” del régimen echeverrista tuvo limites claros pues contrastó con un periodo de pugnas y feroces represiones a movimientos estudiantiles y sociales. En este juego de claroscuros, de llamados a la participación juvenil junto con violencia gubernamental, destaca el vergonzoso crimen de Estado conocido como “Jueves de Corpus”, acaecido el 10 de junio de 1971. El acontecimiento parece iniciar como un conflicto local. Después de una lucha de facciones al interior de la Universidad de Nuevo León, el gobernador Edurado Elizondo promovió, a través del rector de la universidad, una nueva Ley Orgánica, conocida como Ley Elizondo que fue impugnada por el grupo empresarial. Un contraataque generó un enfrentamiento entre los grupos estudiantiles de izquierda y derecha. El gobernador negó presupuesto y eso incendió la lucha involucrando trabajadores sindicalizados y profesores. Hubo fuerte represión y hasta la intervención del ejército. El problema se solucionó con la llegada del Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, la destitución del gobernador, la abrogación de la Ley y la apertura de la “llave” presupuestal. Empero, el conflicto de Monterrey rebasó el nivel local y llegó a la ciudad de México. Por el mes de mayo de 1971 se formó un movimiento, el COCO, Comité Coordinador de Comités de Lucha, de la UNAM, la Ibero, y el IPN. En junio del mismo año se pensó hacer una movilización. Pero ante la solución del problema en Nuevo León, parecía que la lucha estudiantil era innecesaria. La discusión del sábado 5 de junio fue acaloradísima. La mayoría de los dirigentes del COCO estaba por cancelar. Ante la falta de una bandera clara, los activistas presionaron pidiendo el “rechazo a la reforma educativa burguesa”, “paridad a los maestros y alumnos en los consejos universitarios”, “libertad a los presos políticos”, “desmantelamiento de las juntas de gobierno”, desaparición del grupo Francisco Villa, caracterizado por sus actos porriles y de hostigamiento al estudiantado, y “apoyo a los obreros de Ayotla Textil”.

Pese a los desacuerdos, la manifestación se realizó con un fuerte dispositivo a cargo de la policía del Distrito Federal que copó las calles impidiendo que los participantes pudieran escapar. Un grupo entrenado, según se dijo, por Alfonso Corona del Rosal, denominado “Halcones”, ejecutó una terrible represión —comenzando con palos y concluyendo con armas de fuego— que llegó incluso a los heridos que habían sido conducidos al Hospital Rubén Leñero, donde fueron rematados.[23]

Sobre los causantes de tan brutal acontecimiento, se ha dicho que pudieron ser grupos radicales de derecha o izquierda; enemigos del régimen; antiguos funcionarios de Díaz Ordaz, quien estaba molesto por el rompimiento con Echeverría, y hasta los Estados Unidos, a través de la CIA, para amedrentar al gobierno. La tesis de que fue Echeverría para sacudirse los residuos del antiguo régimen de Díaz Ordaz enquistados en su gobierno me parece la más creíble. Primero porque sólo él tendría los medios para organizar algo tan detallado, además de que le permitió mostrarse como víctima de los enemigos del progreso al tiempo que golpear a grupos radicales de presión. Lo cierto es que a raíz del conflicto Echeverría se desembarazó de aliados de Díaz Ordaz, como el propio Regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, a quien el presidente hizo aparecer como el verdadero responsable de la matanza.

La represión del régimen coincidió con una creciente movilización social que iba desde las organizaciones corporativas hasta organizaciones revolucionarias clandestinas. La guerrilla se explica como efecto acumulado de las luchas sociales de los años sesenta. Son famosas las movilizaciones armadas en la serranía del Estado de Guerrero cuyo momento cumbre va de 1964 a 1968 y que traen a escena los nombres de dos profesores rurales: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Estos movimientos se nombraron “grupos de autodefensa”, pues decían haberse integrado para “eludir persecuciones desatadas en su contra”; lo cual contrasta con denuncias en su contra por asaltos y secuestros. A principios de los setenta, se supo de no pocos grupos de guerrilla urbana formados por estudiantes radicalizados por las represiones estudiantiles. Entre 1970 y 1971, por ejemplo, fueron capturados dos grupos: el Movimiento de Acción Revolucionaria, grupo de asalto urbano al que se le culpó, junto con el Frente Urbano Zapatista, de asaltos bancarios y secuestros de prominentes empresarios. El resultado fue una “guerra sucia” entre el gobierno y los insurgentes. El conflicto se heredó al siguiente sexenio, junto con una amplia lista de personas desaparecidas.

El gobierno de José López Portillo: del auge petrolero al colapso económico de 1982

Como se dijo anteriormente, la devaluación del 1º de septiembre de 1976 produjo una espiral inflacionaria y mayor depresión económica. El gobierno de Echeverría terminó en un clima de confrontación con el sector empresarial y con grupos populares. Por tal motivo, el gobierno entrante buscó la reconciliación inmediata. La confianza para los sectores empresariales comenzó con el compromiso del presidente José López Portillo de cumplir las obligaciones impuestas por el FMI. Con todo, 1976 debía sufrir el periodo de ajuste de la crisis, unido al primer año de gobierno en que hay una tendencia natural a la baja por el mayor tiempo que toma el inicio de los programas. 1977 fue un año difícil: casi nulo crecimiento, compromisos de pago con el exterior y una política restrictiva impuesta por los organismos financieros internacionales. Y entonces llegó 1978 y con él la época del despegue petrolero.

El anuncio del descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país cambió el curso de la política económica del gobierno. En un inicio, López Portillo había planteado dos años para la recuperación, otros dos de estabilización, y sería hasta los 2 últimos años del sexenio cuando los mexicanos volveríamos al crecimiento perdido por las crisis inflacionarias; el auge petrolero redujo el periodo de recesión a un año.[24] Para 1978, la política petrolera redujo la deuda de corto plazo de cuatro a dos mil millones de dólares, logró incrementar la disposición de divisas y le dio a México crédito fresco en el exterior. En 1978 el PIB fue del 7%, tasa muy superior al 3.3% del año anterior. También logró disminuir la inflación. Para 1979 el PIB fue del 9% y en 1980 fue del 8.3%. El aumento se reflejó en la producción de casi todos los sectores, aunque destacó el petrolero, la construcción, la agricultura y las comunicaciones y transportes. A partir de entonces se inicio a marchas forzadas el periodo de crecimiento. Entre 1977 y 1981 la economía creció a una tasa promedio anual de 7.8%, mientras que la inflación aumentó 24.4%. El auge provino de dos fuentes fundamentales: una gran expansión de la inversión pública en todas las áreas, especialmente en aquellas relacionadas con la explotación del petróleo. En segundo lugar, la mayor disposición de fondos internacionales y las exportaciones de petróleo facilitaron el acceso creciente al crédito externo, lo cual disparó la expansión del gasto tanto público como privado.[25]

Ahora bien, en realidad el tan sonado beneficio petrolero no fue mucho más allá del financiamiento para la expansión de PEMEX, y relativamente pocos recursos más fueron beneficiados. “De hecho, sólo entre 13 y 18% de los ingresos de PEMEX quedaban libres para otros sectores”.[26] No debe olvidarse que México había recibido apoyos en crédito y tecnología para incrementar sus exportaciones petroleras porque en ese momento había una crisis mundial de energéticos, iniciada por el embargo petrolero de la OPEP. México no sólo no ingresó al organismo internacional de productores sino que además jugó el papel de promotor de la sobreoferta; el propósito de los países industriales, principalmente Estados Unidos, era que con la sobreoferta mexicana se obligara a la OPEP a incrementar sus exportaciones y, por ende, bajar sus precios. Con todo, hubo gran euforia y se dijo que ahora el gobierno administraría la “abundancia”. Desgraciadamente para mediados de 1981 terminó el embargo petrolero dictado por la OPEP y el precio del crudo ligero, que había sobrepasado los 38 dólares por barril, comenzó a descender rápidamente. Jorge Díaz Serrano, Director de PEMEX, anunció a principio de junio la disminución de cuatro dólares en el precio del barril de crudo, quedando el tipo Istmo (ligero) a 34.50 y el Maya (pesado) a 28 dólares. A pesar de los intentos por recuperar el precio, los clientes comenzaron a cancelar sus pedidos para ejercer presión a la baja, con lo que la exportación se redujo drásticamente: de 1,430,000 barriles en mayo, a sólo 700,000 en julio.

La reducción de los precios y de volumen se tradujo en reducción del presupuesto gubernamental: en un solo mes se comprimió en un 4%. A principios de 1982 los temores de una recesión se tradujeron en una masiva e incontenible fuga de capitales, erosionando las reservas monetarias de forma alarmante. La presión continuó y el 18 de febrero se dio la primera devaluación del año, de $26.91 a $47 pesos por dólar. Entonces se tomaron medidas incompatibles: se decretó la reducción del 3% del gasto público junto con un incremento salarial. Además, el gobierno mantuvo sus planes y programas de gastos, sobre todo porque era el último año del sexenio, por lo que las expectativas de una devaluación se incrementaron.[27] El 20 de abril se intentó un plan más drástico, buscando reducir el déficit público y privado, limitando el endeudamiento. Se precisó disminuir los subsidios a través de aumentos de precios y tarifas de bienes y servicios proveídos por el sector público, flotar el tipo de cambio y aumentar las tasas de interés. Pero el plan no se puso en marcha de inmediato, por la inercia de las obras. Las presiones sobre la balanza de pagos continuaron y el gobierno tuvo que seguir endeudándose para financiar las importaciones y los gastos por servicio de la deuda. Al mismo tiempo, los rumores no cesaban y la fuga de capitales y la conversión de pesos por dólares iban en aumento. Tanto que el 6 de agosto el Banco de México se retiró del mercado de cambio; 13 días después el sistema monetario se modificó: se decretó la “congelación de los depósitos en dólares”, permitiéndose el retiro de las cuentas pero en su conversión a pesos mexicanos, de acuerdo al tipo de cambio de 69 .50 por dólar.[28] El 20 de agosto, Jesús Silva Herzog, Secretario de Hacienda, destapó en Nueva York la crisis de la deuda: México tenía que pagar cerca de $14,000 millones de dólares, que equivalían al 50% de todas sus exportaciones, y no tenía liquidez. El desenlace fue fatal: recrudecimiento de la desconfianza, incremento del desempleo del 4 al 8%, caída del PIB a –0.5% con respecto al año anterior, y la disminución de la producción industrial en un –0.3%.

Fue en ese contexto que se presentó el último informe de Gobierno. Allí José López Portillo culpó de la situación a factores “externos” y al “saqueo” de los banqueros nacionales que habían promovido una fuga masiva de capitales. Con tono grave afirmo: “¡Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear!” Entonces anunció dos decretos radicales: la Nacionalización de los Bancos Privados y el Control General de Cambios.[29] La nacionalización de la banca significó que se retiraba la concesión a los propietarios de la banca privada y además se expropiaban los bienes de los bancos. Con el decreto de Control Generalizado de Cambios se buscó evitar la fuga de divisas que estaba devastando el ahorro interno.[30]

Ahora bien ¿hasta dónde era cierto el reclamo del presidente contra los banqueros? Es difícil precisar si tomamos en cuenta que por un lado, la responsabilidad de un gobierno se había excedido en la confianza hacia una ingreso obtenido por la venta de un recurso natural no renovable y, al mismo tiempo, se importaban productos elaborados que incluían en los costos de producción los energéticos consumidos en su producción. Esto hizo, como ya se dijo, que el crecimiento económico no fuera tan profundo como en principio parecía. En tanto productor de materia prima, y dependiente de la importación de productos industriales, México estaba a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, casi única fuente de ingreso en el ámbito internacional. Países como Estados Unidos, gracias su desarrollo tecnológico, buscaban influir en la baja del precio de los energéticos, así que por ingenuidad o contubernio, el gobierno de López Portillo fue responsable de calcular el juego que internacionalmente lo puso como esquirol de los países productores de petróleo. Además, a López Portillo no le quedaba el papel de “justiciero” pues su gobierno tiene la honrosa fama de ser uno de los más despóticos y corruptos que se recuerde. El nepotismo fue descarado: su hermana Margarita López Portillo fue Directoria de Radio, Televisión y Cinematografía; su primo Guillermo López Portillo fue el director del Instituto Nacional del Deporte; su hijo, el economista José Ramón López Portillo, fue Subsecretario de Programación y Presupuesto, y la exesposa de su hijo mayor, Rosa Luz Alegría iba a ser Secretaria de Educación y por consejos de sus allegados la colocó como Secretaria de Turismo.

Por otro lado, los banqueros se habían convertido para fines de la década de los setenta en una “casta” muy poderosa. Para 1980 el 75% del capital total de la banca estaba en 4 instituciones. Eso les permitía desafiar al gobierno mexicano.

La concentración del poder financiero en pocos bancos privados, aliado con el capital internacional, había llegado a tal grado que tenía fuerza suficiente para casi regular, vía sus créditos, la tasa de ganancia en todos los sectores y espacios de la economía.[31]

Y ante la devaluación de febrero de 1982, la banca afirmo: “las dificultades del sistema, sólo son problemas de los políticos”.[32] Incluso se aconsejaba al público la compra de dólares y la inversión en otros países. Además comenzó un descarado manejo discriminado de créditos a favor de los grandes capitales nacionales y extranjeros.[33]

Por lo tanto, parece sensato pensar que ambos sectores fueron, en sus diferentes ámbitos de influencia, responsables de la devastación económica que sufrió México en 1982.

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[1] Leopoldo Solis, La realidad económica mexicana. Retrovisión y perspectivas, p. 110.

[2] Idem., p. 111-112.

[3] Leopoldo Solis, “Desarrollo estabilizador y desarrollo compartido”, en Vuelta, junio de 1979, p. 27.

[4] Leopoldo Solis, La realidad económica mexicana..., p. 195.

[5] Leopoldo Solis, “Desarrollo estabilizador..., Vuelta, junio de 1979, p. 27.

[6] Idem., p. 29.

[7] Carlos Bazdrech y Santiago Levy, “El populismo y la política económica de México, 1970-1982, en Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (Comp.), Macroeconomía del populismo en la América Latina, p. 256.

[8] Idem., p. 261.

[9] Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1954-1994, p. 96.

[10] Enrique Cárdenas se refiere al estudio de Ernesto Zedillo, “La experiencia entre 1973 y 1983 de la balanza de pagos y las perspectivas de crecimiento de México”, en Macroeconomía y deuda externa, 1982-1989, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

[11] Enrique Cárdenas, Op. cit., p. 104.

[12] José Woldenberg y Mario Huacuja, “El sexenio de Luis Echeverría”, en Evolución del Estado Mexicano, t. 3, p. 159.

[13] Matilde Luna Ledesma, Los empresarios y el cambio político en México, 1970-1987, p. 35.

[14] Américo Saldívar, Ideología y política del Estado mexicano (1976-1976), p. 97.

[15] Carlos Monsiváis, “La ofensiva ideológica de la derecha”, en México, hoy, p. 313.

[16] Idem., p. 318.

[17] José Woldenberg y Mario Huacuja, Op. cit., t. 3, p. 170.

[18] Pablo Latapí, Análisis de un sexenio de educación en México, 1970-1976, p. 49-50.

[19] Idem., p. 60-62.

[20] Idem., p. 73.

[21] Idem., p. 73.

[22] Idem., p. 74.

[23] Al respecto es indispensable leer las obras de Gerardo Medina Valdés, Operación 10 de junio, y el texto donde se compilan las más importantes noticias del suceso de Orlando Ortiz, Jueves de Corpus.

[24] Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, México y su desarrollo socioeconómico, p. 206.

[25] Enrique Cárdenas, Op. cit., p. 108.

[26] Idem., p. 109.

[27] Idem., p. 114.

[28] Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Op. cit., p. 207.

[29] Idem., p. 209.

[30] Idem., p. 215-216.

[31] Idem., p. 212-213.

[32] Idem., p. 213.

[33] Idem.